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La Junta Fiscal Europea pide aclarar antes de la primavera de 2021 la vuelta a la consolidación fiscal

La Junta Fiscal Europea señaló que la suspensión de las reglas fiscales comunitarias derivada de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus estaba «plenamente justificada» y por el momento no ve razones para activarlas de nuevo, aunque ha pedido que se aclare como muy tarde para la primavera de 2021 cómo se retomará la senda de la consolidación fiscal.

El organismo fiscal independiente de la UE ha publicado su informe anual y en él destaca que la grave crisis provocada por la COVD-19 justificó que se recurriera a la cláusula de escape general prevista en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sin embargo, critica que su activación «debería haber aportado indicaciones sobre el calendario y condiciones de salida o revisión».

«Se deberían ofrecer aclaraciones durante la primavera de 2021 como muy tarde», remarca el texto que ha presentado la Junta Fiscal Europea, en el que también remarca que «obviamente no hay razones para desactivar la cláusula en estos momentos».

La UE suspendió las normas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento a finales de marzo con el objetivo de dar margen presupuestario a los gobiernos para lanzar sus programas de estímulo económico. De esta forma, decayeron los ajustes estructurales exigidos a cada Estado miembro pero solo de forma temporal, hasta que las reglas fiscales comunitarias sean recuperadas.

La Junta Fiscal Europea ha pedido en este contexto que se aclare cuanto antes qué indicadores se tendrán en cuenta para volver a la senda de la consolidación fiscal. «Sin un entendimiento común sobre cuándo y cómo se revisará la cláusula, la transición a una aplicación normal del Pacto conducirá a polémicos debates», advierten.

Así, a juicio de la Junta Fiscal Europea, «no sería aconsejable» que la tasa de crecimiento del PIB fuera el indicador clave para recuperar el Pacto de Estabilidad. Por contra, esperar a que la eurozona recupere el PIB previo a la crisis «tendría más sentido».

Agencia Europa Press

El ICAC espera que el nuevo reglamento de auditoría entre en vigor en 2021

El presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Santiago Durán, confía en que el nuevo reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas entre en vigor el 1 de enero de 2021, para conseguir delimitar la estructura normativa de la profesión, al mismo tiempo que ha reclamado «colaboración» el sector.

El representante de la máxima autoridad contable española ha defendido que el borrador inicial de este nuevo reglamento «se ha mejorado» mediante la identificación de los intereses de la profesión auditora.

Por su parte, el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Ferran Rodríguez, ha lamentado que la gestación del nuevo reglamento haya sido «un proceso muy largo» y ha reivindicado que «se escuche y comprenda la situación del sector», tanto en lo que se refiere a la implementación del propio reglamento como a los «retos de futuro» que afronta el sector en su conjunto.

De su lado, el presidente del Col·legi, Antoni Gómez, ha manifestado que «aunque en España el porcentaje de auditorías voluntarias alcanza el 30 %, habría que potenciar todavía más su práctica en pos de la necesaria confianza y transparencia entre organizaciones y para el conjunto de la sociedad».

«En estos tiempos convulsos, mantener y aumentar la confianza entre empresas e instituciones es, sin duda, importantísimo para la recuperación y el desarrollo económico del país», ha añadido Gómez.

Agencia Europa Press

UGT exige que el contagio del COVID-19 se considere enfermedad profesional para el personal sociosanitario

La Unión General de Trabajadores (UGT) solicitó a la Secretaria de Estado de la Seguridad Social que las enfermedades padecidas por el personal, que presta servicio en centros sanitarios o sociosanitarios como consecuencia del contagio del nuevo coronavirus, sean consideradas como enfermedad profesional en lugar de como accidente de trabajo sin ningún tipo de limitación temporal.

El sindicato ha exigido que el contagio debe considerarse contingencia profesional, no como accidente de trabajo, sino como enfermedad profesional conforme a lo establecido en el artículo 157 TRLGSS, para determinados profesionales.

Y es que, a juicio del sindicato, existen determinadas actividades, contempladas en el Anexo 1 del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, para las que el contagio de la COVID19 debe de considerarse jurídicamente como «enfermedad profesional».

En concreto, se contemplan como enfermedades profesionales las infecciosas causadas por agentes biológicos (Grupo 3) por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las que se ha probado un riesgo de infección.

En este sentido, UGT ha exigido que las enfermedades profesionales tengan, como estipula la normativa, un especial seguimiento con reconocimientos médicos previos y periódicos obligatorios, con sus correlativas responsabilidades por falta de cumplimiento

Adicionalmente, tienen previstos períodos de observación y obligaciones especiales. Según el sindicato, las actividades profesionales que deberían estar sujetas a la consideración de enfermedad profesional por contagio de la COVID-19 serían el personal de laboratorio; y el personal no sanitario, trabajadores de centros asistenciales o de cuidados de enfermos, tanto en ambulatorios como en instituciones cerradas o a domicilio.

Completan la lista los trabajadores del transporte sanitario; los trabajadores de laboratorios de investigación o análisis clínicos; los trabajos de toma, manipulación o empleo de sangre humana o sus derivados; los odontólogos; el personal de auxilio; los trabajadores de centros penitenciarios y el personal de orden público.

Agencia Europa Press

Fedea propone un «coronatributo» mediante un recargo temporal en el IRPF para reducir el déficit

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) propone introducir un recargo extraordinario en el IRPF de manera temporal y hasta que se consigan equilibrar las cuentas públicas, después de que la crisis del coronavirus vaya a disparar el déficit público por encima del 10 % del PIB según las estimaciones de distintos organismos.

Entre las medidas de carácter temporal sugieren el uso de los «coronatributos» con el fin de ayudar a financiar de una forma «equitativa» los gastos extraordinarios generados por la pandemia, incluyendo las «necesarias medidas» de protección social y reactivación.

También se incluirían medidas de carácter estructural y permanente, dirigidas a conseguir un saneamiento estable y duradero de las finanzas públicas y a sentar las bases de un crecimiento «sólido e integrador». Asimismo, Fedea indica que ambos tipos de medidas han de plantearse en combinación con iniciativas de racionalización del gasto público.

Vigente durante un período limitado

En relación con el primer bloque, los expertos consideran que el «coronatributo más justo y más sencillo» sería un recargo extraordinario en el IRPF, que estaría vigente durante un período limitado hasta alcanzar un cierto equilibrio en las finanzas públicas.

En cuanto a las medidas estructurales y más a largo plazo, su objetivo sería equilibrar del modo «más eficiente posible» la brecha estructural entre ingresos y gastos públicos, que los autores cifran en 35.000 millones de euros con datos de 2019.

Elimina beneficios fiscales de IVA, IRPF y Sociedades

Proponen una «reforma integral del sistema fiscal» que debería ser fruto de un amplio pacto entre las fuerzas políticas y los agentes sociales. «Si fuera preciso, su entrada en vigor podría ser gradual, según las exigencias que puedan derivarse del desempeño de las variables macroeconómicas», subraya el documento.

En concreto, Fedea propone evaluar «de forma exhaustiva» y con criterios de «eficiencia y efectividad» todos los beneficios fiscales (exenciones, reducciones, deducciones, bonificaciones, tipos reducidos, etc.) que reducen el gravamen efectivo de los principales impuestos, como el IRPF, IVA e Impuesto sobre Sociedades.

«La eliminación de algunos de estos beneficios podría generar un volumen importante de ingresos y contribuir a reducir las ineficiencias asociadas con esos impuestos», destacan.

Asimismo, Fedea asegura que también puede ser un «buen momento» para eliminar el régimen de estimación objetiva (conocido como tributación en módulos) de los rendimientos de actividades económicas en el IRPF y, en paralelo, el régimen simplificado del IVA, por lo que tributan muchos autónomos.

Impuesto de Sociedades neutral

Igualmente, también pide aproximar «lo más posible» el Impuesto sobre Sociedades a un impuesto neutral, que no distorsione las decisiones de inversión, financiación y organización empresarial, correctamente integrado con el IRPF y con un reparto equitativo de su recaudación entre países en el caso de las empresas multinacionales.

Fedea también apuesta por abordar una «reforma integral» de la tributación del capital que contemple conjuntamente su gravamen en el IRPF y en el Impuesto sobre el Patrimonio, para asegurar su neutralidad entre activos, evitar que pueda ser confiscatoria y situarla en línea con la tributación del capital en los países del entorno.

«Resulta igualmente ineludible la reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones», subraya Fedea, que aboga también por aproximar los tipos de gravamen sobre bebidas alcohólicas, labores del tabaco y combustibles fósiles a los establecidos en los principales países de la Unión Europea.

En la misma línea, pide aprovechar el recorrido que todavía tienen los impuestos medioambientales, aumentar los ingresos públicos basados en el principio de beneficio (tasas, precios públicos, copagos, etc.) y continuar reforzando la lucha contra la economía sumergida, la evasión y la elusión fiscal.

Por último, Fedea apuesta por que las reformas tributarias se lleven a cabo en coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos, dado que la reforma fiscal también debería contemplar la revisión de las figuras que integran la tributación local.

Agencia Europa Press